2. Marco político-institucional para la igualdad en el mundo rural 31 Sociedad civil organizada y representación política de las mujeres rurales e indígenas: la Mesa Nacional de la Mujer Rural e Indígena La conformación de la Mesa Nacional de la Mujer Rural constituye un hito relevante en la trayectoria organizacional, representación e incidencia política de las mujeres rurales en el país. Su origen formal se remonta a 1995, en un contexto marcado por la preparación de la participación de Chile en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995) y por la elaboración del primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (PIO 1994–1999), instrumentos que no incorporaban de manera explícita la realidad y las demandas de las mujeres rurales. Frente a esta exclusión, las mujeres rurales organizadas manifestaron su desacuerdo y exigieron ser consideradas como parte del debate nacional e internacional en materia de igualdad de género. A partir de un seminario impulsado por la FAO, se iniciaron instancias formales de diálogo entre estas organizaciones y el sector público, cuyo resultado fue la incorporación de la situación de las mujeres rurales en la posición oficial de Chile ante la Conferencia de Beijing, así como la participación de dirigentas rurales en la delegación nacional (FAO, 2022). Este proceso derivó, en 1995, en la creación de la Mesa Nacional de la Mujer Rural como un espacio institucionalizado de diálogo entre las mujeres rurales del agro organizadas y el Estado, coordinado inicialmente por el Servicio Nacional de la Mujer. Desde sus inicios, la Mesa tuvo un carácter propositivo y estratégico, expresado en dos productos fundacionales elaborados en 1996: un diagnóstico sobre la situación de las mujeres rurales en el sector silvoagropecuario y la Propuesta de Políticas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales, conocida como el “PIO Rural” (FAO, 2002). La incorporación de las mujeres rurales en los planes públicos de igualdad supuso el reconocimiento de su especificidad y de la necesidad de una institucionalidad estatal capaz de articularse de manera coherente y complementaria con la sociedad civil organizada (FAO, 2022). En este sentido, la creación de la Mesa Nacional de la Mujer Rural representó un reconocimiento explícito, por parte del Estado, de la relevancia política de la participación ciudadana de las mujeres rurales y de su rol en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas orientadas al sector silvoagropecuario.
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