Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 Con el apoyo de
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 Con el apoyo de
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 2 Documento elaborado por el Ministerio de Agricultura con apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente las posiciones o políticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Edición y redacción Constanza Christian Rojas Tatiana Aguirre Sanhueza Rita Bórquez Reyes Magdalena Claude Camps Sandra Escobedo González Agradecemos la revisión y los aportes realizados por Catalina Ivanovic Willumsen (FAO RLC), Verónica Villalba Morales (FAO), César Rodríguez Alarcón (subdirector de INDAP), Macarena Espinoza Romero (INDAP), Maia Guiskin Rodríguez (ODEPA), Angelina Espinoza Oyarzún (ODEPA) y Claudia Echeverría Turres (MMEG). Fotografías: Instituto de Desarrollo Agropecuario – INDAP Diseño y diagramación: Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro - FUCOA. Febrero 2026. www.minagri.gob.cl ro 2025-2035
Ministerio de Agricultura 3 Contenido Índice de siglas 5 Palabras Ministra 6 Palabras Mesa Nacional de la Mujer Rural e Indígena 8 1. Brechas de género en el sector silvoagropecuario: Chile en contexto latinoamericano 10 Mujeres rurales: características y contextos sociodemográficos 11 Integración económica 12 Autonomía económica, condiciones de empleo y acceso a recursos 14 Seguridad alimentaria nutricional y pobreza 19 Cuidados y corresponsabilidad 20 2. Marco político-institucional para la igualdad en el mundo rural 24 Compromisos internacionales y agenda de desarrollo sostenible para las mujeres 25 Pilares de los Derechos Humanos de las mujeres 25 Agendas regionales y desarrollo sostenible 27 La institucionalidad de género en el país 28 Sociedad civil organizada y representación política de las mujeres rurales e indígenas: la Mesa Nacional de la Mujer Rural e Indígena 31 Lineamientos estratégicos para las mujeres en el sector silvoagropecuario 32 3. Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 40 Objetivo de la Estrategia 41 Alcance de la Estrategia 41 Principios orientadores 41 Ejes estratégicos 45 Eje estratégico N°1. Sistemas agroalimentarios sostenibles 46 Eje estratégico N°2. Autonomía económica y acceso a recursos 52 Eje estratégico N°3. Cambio climático y resiliencia 57 Eje estratégico N°4. Cuidados y corresponsabilidad 61 Eje estratégico N°5. Formación y educación para la equidad 65 Eje estratégico N°6. Institucionalidad y gobernanza 70 4. Cierre y proyección 76 5. Anexo. Sistematización de instrumentos políticos internacionales y nacionales vigentes 80 Instrumentos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género 82 Instrumentos del Ministerio de Agricultura 87 Referencias 98
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Ministerio de Agricultura 5 Índice de siglas ACHIPIA Agencia Chilena Para la Inocuidad y Calidad Alimentaria AFCI Agricultura Familiar Campesina e Indígena CAF Censo Agropecuario y Forestal CASEN Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CNR Comisión Nacional de Riego CONAF Corporación Nacional Forestal COSOC Consejo de la Sociedad Civil ENCCRV Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales ENSSA Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FIA Fundación para la Innovación Agraria INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario INE Instituto Nacional de Estadísticas INFOR Instituto Forestal INIA Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias LMCC Ley Marco de Cambio Climático MINAGRI Ministerio de Agricultura MMEG Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ODEPA Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible PACC-SAP Plan de adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario PFNM Productos Forestales No Madereros PNDR Política Nacional de Desarrollo Rural SAG Servicio Agrícola y Ganadero SERNAM Servicio Nacional de la Mujer SernamEG Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género UPA Unidades de Producción Agropecuaria
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 6 La Estrategia Sectorial para Mujeres Rurales en el Agro 2025–2035 es el resultado de un proceso impulsado por el Ministerio de Agricultura de Chile, que ha contado con la participación de los distintos servicios del sector y de las mujeres de la sociedad civil organizada del agro, representadas en la Mesa Nacional de la Mujer Rural e Indígena, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Concebida como una hoja de ruta para la acción sectorial, la Estrategia orienta a los servicios del Ministerio de Agricultura y a las mujeres y hombres que desarrollan sus medios de vida a partir de actividades silvoagropecuarias y conexas en los territorios rurales del país. Su elaboración incorporó un proceso participativo que combinó espacios de diálogo con la Mesa Nacional de la Mujer Rural e Indígena y articulación técnica con encargadas de género de los servicios del agro, lo que permitió recoger visiones y prioridades desde la experiencia de las mujeres rurales y desde la gestión pública sectorial. De manera complementaria, se desarrolló una consulta asincrónica a nivel nacional, mediante una encuesta online dirigida a integrantes de las Mesas de la Mujer Rural regionales y a sus encargadas, con el fin de ampliar la participación territorial e incorporar énfasis desde los distintos territorios del país. La Estrategia expresa el compromiso del Ministerio de Agricultura por promover condiciones de equidad en el mundo rural. Surge como respuesta a las disparidades históricas que han limitado el desarrollo de las mujeres en la producción silvoagropecuaria y sus actividades conexas, y busca fortalecer la igualdad de condiciones y oportunidades para hombres y mujeres del agro. En este sentido, orienta la acción pública para que, en articulación con la sociedad civil y el sector privado, contribuya al desarrollo integral de los territorios. Desde esta perspectiva, la Estrategia se define como un instrumento de articulación orientado a fortalecer la coordinación interinstitucional dentro del sector silvoagropecuario. Su implementación requiere del compromiso activo de los servicios del sector, así como del involucramiento de otros sectores del Estado, actores económico-productivos y organizaciones sociales, reconociendo que la igualdad de género en los territorios rurales constituye un desafío compartido y una condición habilitante para un desarrollo más inclusivo, sostenible y resiliente. Palabras Ministra
Ministerio de Agricultura 7 Así mismo, la Estrategia se enmarca en compromisos y agendas internacionales que reafirman la necesidad de contar con instrumentos específicos para asegurar la integración plena de las mujeres rurales y del agro en los procesos de desarrollo. Iniciativas como el Decenio Interamericano por los Derechos de todas las Mujeres, Niñas y Adolescentes de los Entornos Rurales de las Américas 2024–2034 y la designación del Año Internacional de la Agricultora 2026, impulsado por las Naciones Unidas y liderado por FAO, constituyen hitos relevantes que refuerzan el reconocimiento del aporte económico-productivo, comunitario y de cuidados de las mujeres, así como de las brechas y barreras específicas que enfrentan en el sector silvoagropecuario. En este contexto, el Ministerio de Agricultura presenta esta Estrategia con un horizonte a 2035, concebida como el instrumento que orienta la igualdad y equidad de oportunidades en todo el sector silvoagropecuario. Su propósito es potenciar la integración de las mujeres rurales en el desarrollo económico-productivo, estableciendo un marco que guíe la toma de decisiones hacia el fortalecimiento de su autonomía económica y siente las bases para una gestión pública más pertinente, coordinada y sostenible en el tiempo. Ignacia Fernández Gatica Ministra de Agricultura
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 8 Palabras Mesa Nacional de la Mujer Rural e Indígena Las mujeres, en especial las mujeres rurales e indígenas, contribuimos a desarrollar, sostener y mantener los sistemas agroalimentarios. Lo hacemos a través de la práctica y transmisión intergeneracional de saberes ancestrales vinculados a la conservación de la biodiversidad, el resguardo de semillas nativas, lawen (plantas medicinales), el cuidado del agua y el desarrollo de sistemas silvoagropecuarios sostenibles, en armonía con la naturaleza y el itrofill mogen (diversidad de la vida). Esto, gracias a que colocamos en práctica los conocimientos relacionados con la conservación de la biodiversidad y desarrollo de sistemas agropecuarios sostenibles que generan alimentos nutritivos y saludables, aportando con la conservación del patrimonio cultural de los territorios, con mitigación del hambre y la pobreza. Sin embargo, la dificultad de acceso a medios de producción y desarrollo, medios de transporte de sus mercaderías, salud laboral, conectividad, entre otros, profundiza las brechas estructurales que históricamente hemos enfrentado como mujeres y como integrantes de pueblos originarios. Conscientes de esta realidad, es que, a partir de 1995, las Mujeres Representantes de las Organizaciones Nacionales Campesinas e Indígenas, llevan desarrollando un diálogo político y social, indistintamente del gobierno de turno. Esto ha permitido relevar demandas de este sector e impulsar, a lo largo de los años, políticas públicas que favorezcan el desarrollo de una vida digna, íntegra y económicamente autónoma para las mujeres rurales e indígenas.
Ministerio de Agricultura 9 En pos de dar continuidad a nuestras acciones, y teniendo presente que las mujeres adolescentes y niñas, en especial aquellas que habitan los entornos rurales, han enfrentado mayores dificultades para ejercer sus derechos en torno al acceso, tenencia de la tierra, participación y desarrollo de sus actividades culturales, productivas y económicas. Asimismo, poniendo en valor que la Declaración del Decenio Interamericano por los Derechos de Todas las Mujeres, Adolescentes y Niñas en entornos Rurales de las Américas (2024-2034) está dedicada a la promoción, protección y defensa de los derechos y visibilidad de todas las mujeres, adolescentes y niñas en entornos rurales. Es en este marco que colaboramos activamente en la construcción de la Estrategia Sectorial para las Mujeres del Agro 2025– 2035, con la convicción de que esta se convierta en una herramienta transformadora, reconociendo nuestras identidades culturales, nuestros saberes ancestrales y nuestro rol esencial en la sostenibilidad de la vida y de los territorios. Todo ello, promoviendo condiciones de equidad en torno a la actividad productiva silvoagropecuaria y las actividades asociadas, que nos lleve conseguir la igualdad de condiciones y oportunidades entre hombre y mujeres. Mesa Nacional de la Mujer Rural e Indígena
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 10 1 Brechas de género en el sector silvoagropecuario: Chile en contexto latinoamericano
1. Brechas de género en el sector silvoagropecuario: Chile en contexto latinoamericano 11 Las brechas de género que enfrentan las mujeres rurales en Chile, analizadas en clave comparada con América Latina y el Caribe, constituyen un insumo central para orientar las prioridades de la Estrategia Sectorial para Mujeres Rurales en el Agro. Las mujeres que participan en actividades agrícolas y no agrícolas de producción agroalimentaria a lo largo de diversas cadenas de valor son fundamentales para las economías y comunidades rurales, ya que asumen una amplia variedad de roles que incluyen la producción de cultivos, ganado, forestal, recolección de alimentos, pesca, artesanía, procesamiento y comercialización de alimentos, trabajo de cuidados, y participación comunitaria. En este sentido, la FAO (2025a) enfatiza el papel de las mujeres no solo en la agricultura, sino también en todos los eslabones de los sistemas agroalimentarios, reconociéndolas como actores imprescindibles para alcanzar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad rural y la igualdad de género. La población total de Chile asciende a 18.480.432 personas, según datos del Censo de Población y Vivienda 2024 (INE, 2024a). Su población rural1, es de 2.461.958 personas, lo que equivale al 13,3% de la población total. En cuanto a distribución por sexo, existe una menor participación relativa de las mujeres en la población rural (49%) respecto del ámbito urbano (51,9%). Según los mismos datos, en el ámbito rural un 60% de los hogares presenta jefatura masculina y un 40,1% jefatura femenina, siendo menor la presencia de mujeres rurales jefas de hogar versus urbanas (-11 puntos porcentuales). Brechas de género en el sector silvoagropecuario: Chile en contexto latinoamericano Mujeres rurales: características y contextos sociodemográficos 1 En Chile coexisten dos definiciones oficiales de ruralidad: la del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que considera rurales los asentamientos de hasta 1.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 cuando más del 50% de la población ocupada se dedica a actividades primarias; y la de la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), que clasifica las comunas según la proporción de población que reside en distritos de baja densidad. Dado que las encuestas de hogares se publican bajo el criterio del INE, este documento adopta dicha definición para efectos de consistencia metodológica, aun cuando esta tiende a subestimar la población rural en comparación con el criterio utilizado por la PNDR.
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 12 Por otra parte, la población perteneciente a pueblos indígenas llega a 2.105.863 personas, lo que representa un 11,5% de la población total, con una ligera mayoría de mujeres (51,9% y 48,1% hombres) y una estructura etaria concentrada en población joven (0–14: 20,3%; 15–29: 23,8%; 30–44: 21,9%; 45–64: 23,1%) (INE, 2024b). El pueblo Mapuche constituye el grupo indígena más numeroso del país. En relación con la población afrodescendiente, el Censo registra 174.190 personas (0,9% de la población total), de las cuales 89.390 son hombres (51,3%) y 84.800 son mujeres (48,7%), y se concentran principalmente en la región de Arica y Parinacota (INE, 2024b). Las brechas para la integración económica de las mujeres aún son amplias, con una mayor incidencia de pobreza por ingresos, multidimensional y severa en zonas rurales. Según datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024, esta situación afecta en mayor proporción a las mujeres que residen en zonas rurales que quienes viven en zonas urbanas. Un 24% de los hogares rurales encabezados por mujeres se encuentra en situación de pobreza por ingresos, mientras que un 21,4% enfrenta pobreza multidimensional. En ambos casos, estas cifras superan tanto los niveles registrados en hogares encabezados por mujeres en zonas urbanas como el promedio nacional. Por otra parte, la brecha de ingresos continúa siendo desfavorable para las mujeres. Según datos de la misma encuesta, en las áreas urbanas las mujeres perciben, en promedio, alrededor de $370.000 menos que los hombres, mientras que en las zonas rurales la diferencia alcanza aproximadamente $150.000. Asimismo, se observa una brecha significativa entre mujeres urbanas y rurales: las primeras registran ingresos promedio cercanos a $1.300.000, cifra que supera en casi $400.000 los ingresos de las mujeres rurales, que alcanzan alrededor de $860.000. Los datos más recientes para América Latina y el Caribe indican que las mujeres representan alrededor del 20% de la fuerza laboral agrícola (FAO, 2025a), con diversas modalidades de inserción en el trabajo rural y agroalimentario. Cabe destacar que las contribuciones Integración económica
1. Brechas de género en el sector silvoagropecuario: Chile en contexto latinoamericano 13 económico-productivas de las mujeres al sector silvoagropecuario no se reflejan de manera adecuada en las estadísticas oficiales, pues con frecuencia trabajan desde la informalidad. Según datos de Estadísticas Silvoagropecuarias 2024 (ODEPA, 2024c), en Chile la ocupación promedio en el sector silvoagropecuario y pesquero representó un 6,1% del total nacional en 2022, evidenciando una tendencia decreciente en comparación con años anteriores (9,2% en 2012 y 6,4% en 2021). Del total de personas ocupadas en el sector, un 22% corresponde a mujeres (119.738), mientras que el 78% restante corresponde a hombres (423.710). No obstante, pese a la contracción relativa del sector en términos agregados, la participación femenina registró un incremento interanual de 5,1% entre 2021 y 2022. Este crecimiento coincide con los datos actuales de la FAO en los que se observa que América Latina y el Caribe es la única región en el mundo donde la participación femenina en actividades agrícolas ha aumentado en las últimas dos décadas (FAO, 2025a). En este contexto, se plantean retos importantes para profundizar políticas públicas orientadas a promover la igualdad de género y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres rurales.
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 14 La autonomía económica y el acceso a recursos productivos de las mujeres rurales en Chile reflejan tanto tendencias regionales como especificidades nacionales relevantes. De acuerdo con el VIII Censo Agropecuario y Forestal (CAF) 2021, la participación de las mujeres en la gestión de Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) alcanzó un 31%, equivalente a 40.482 explotaciones bajo su conducción, mientras que el 69% restante (88.078 UPAs) es gestionado por hombres. Esta distribución da cuenta de una brecha significativa en el acceso y ejercicio de la gestión productiva entre mujeres y hombres en el sector agropecuario. Autonomía económica, condiciones de empleo y acceso a recursos
1. Brechas de género en el sector silvoagropecuario: Chile en contexto latinoamericano 15 En términos etarios, la estructura de las mujeres productoras evidencia un marcado envejecimiento: el 39,9% se concentra en el tramo de 50 a 64 años, un 34,3% tiene 65 años o más y solo el 25,2% se sitúa entre los 25 y 49 años (Pimentel & Yáñez, 2025). Estos antecedentes muestran una presencia predominante de mujeres en rangos de mayor edad dentro de la producción agropecuaria, lo que plantea desafíos relevantes en materia de recambio generacional y sostenibilidad productiva. Con relación a los rubros productivos, las mujeres tienden a concentrarse en actividades diversificadas y de menor escala, contrastando con la mayor especialización y extensión de la producción a cargo de los hombres. Según datos del VIII CAF del año 2021 (Pimentel y Yáñez, 2025), las principales actividades económicas declaradas por mujeres incluyen la cría de aves de corral (66,1%), ganadería ovina (42,6%) y cultivo de hortalizas (36,9%). En contraste, los hombres predominan en ganadería bovina (74,5%), cereales (77,1%) y frutales (70,6%). Si bien una proporción relevante de mujeres declara la ganadería bovina (16%) y ovina (15%) como actividad principal, la escala promedio de sus existencias productivas es menor, con 17 cabezas de bovino y 24 de ovino por productora. En tanto, las aves de corral alcanzan un volumen notable de 1.136.011 cabezas. En cuanto a los cultivos, predomina en ellas la diversidad, con superficies mayores en cereales (30.771 ha) a pesar de que sus principales actividades declaradas incluyen hortalizas (5.521 ha) y frutales (13.571 ha). Estos datos muestran que la producción de las mujeres es diversificada y a menor escala, en comparación con los hombres, quienes presentan mayor superficie en cultivos especializados y mayor número de existencias ganaderas. Las brechas porcentuales entre mujeres y hombres son notorias, destacándose un 76% de diferencia en superficie dedicada a hortalizas y hasta un 44% en promedio de existencias de aves de corral en perjuicio de las mujeres. Esta diversificación podría corresponderse con una estrategia socioeconómica para gestionar riesgos y sostener el sustento familiar, considerando además que las mujeres acceden en menor proporción a créditos y seguros agropecuarios (Pimentel y Yáñez, 2025).
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 16 En cuanto a los recursos productivos principales como la tierra y el agua, la FAO (2025a) reporta que tanto en América Latina y el Caribe como a nivel global, existen escazas estadísticas armonizadas y desglosadas por sexo sobre los derechos de la tierra de hombres y mujeres. En la región, entre los países que han reportado el Indicador referente a las brechas de género en el ámbito de acceso y tenencia de la tierra2, se observa que la proporción de mujeres propietarias de tierras es menor que la de hombres, reflejando barreras históricas ligadas a normas sociales, marcos legales y condiciones económicas restrictivas. La desigualdad en el acceso y tenencia de la tierra limita la posibilidad de que las mujeres generen ingresos propios y accedan a créditos y servicios técnicos en condiciones de igualdad (FAO, 2025a). En Chile, las estadísticas muestran que las brechas en el acceso y control de recursos productivos esenciales como la tierra y el agua, entre mujeres y hombres son también amplias. Según datos del VIII CAF del año 2021 (Pimentel y Yáñez, 2025), en tenencia exclusiva de tierra, el 34% corresponde a mujeres, mientras el 66% corresponde a hombres del total de 90.344 personas productoras con tenencia exclusiva, indicando una brecha de 32 puntos porcentuales. En cuanto al acceso al agua para riego, las mujeres utilizan mayormente fuentes locales de menor caudal e infraestructura, como esteros y pozos noria (28% y 20,6% respectivamente), mientras que los hombres tienen mayor acceso a fuentes más tecnificadas, como ríos (34,5%) y pozos profundos (10,1%). Estas desigualdades afectan la capacidad productiva de las mujeres, aunque políticas recientes como las de la Comisión Nacional de Riego (CNR) han incrementado la participación femenina en proyectos de infraestructura hídrica, otorgándoles el 51% de las bonificaciones en concursos públicos durante 2024, en contraste con el 35% registrado cuatro años antes (CNR, 2024 en Pimentel y Yáñez, 2025). 2 El Indicador ODS referente a igualdad de género en acceso y tenencia de tierra tiene como indicadores: 5.a.1 - (a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo; y (b) proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia.
1. Brechas de género en el sector silvoagropecuario: Chile en contexto latinoamericano 17 Además, en el ámbito de créditos y seguros, persiste una brecha de género de 5 y 2,7 puntos porcentuales respectivamente, situación que limita el acceso de las mujeres a estos instrumentos financieros (Pimentel y Yáñez, 2025). Esta desigualdad se asocia a su producción a menor escala, ya que para este esquema productivo el acceso a este tipo de instrumentos es reducido. A lo anterior, se añade que las mujeres enfrentan limitaciones derivadas de su autonomía económica reducida, dado que suelen contar con menos ingresos formales y bienes que puedan usar como garantía para obtener financiamiento. Además, se estima que el acceso al crédito formal para mujeres rurales también es menor en comparación con el de los hombres, lo que dificulta la inversión en insumos agrícolas, tecnología y comercialización necesaria para mejorar su autonomía productiva (FAO, 2025a:62). El limitado acceso a insumos y servicios técnicos profundiza las brechas en productividad y en la inserción en mercados en igualdad de condiciones, afectando sus condiciones de vida y la sostenibilidad de sus actividades. Además del acceso, las desigualdades que enfrentan las mujeres también se manifiestan en los montos de recursos que reciben. De acuerdo con el Balance de Género del Ministerio de Agricultura (ODEPA, 2024d), a nivel de personas beneficiarias se observan diferencias relevantes en los montos unitarios anuales asignados en el periodo 2019-2021. En promedio, se registra una brecha de género de -34,4% en los recursos otorgados a través de los programas del sector, con montos unitarios de $1.198.932 para las mujeres y de $1.827.403 para los hombres. Como se mencionó anteriormente, para el año 2022, las mujeres representaban el 22% de la mano de obra empleada en el sector silvoagropecuario y pesca a nivel nacional —119.738 mujeres frente a 423.710 hombres (ODEPA, 2024c)—, lo que evidencia una brecha sustantiva en la inserción laboral en el sector. En ello, es relevante considerar que una proporción significativa del empleo sectorial se concentra en categorías de cuenta propia y trabajo familiar no remunerado —cercana a las 120.000 personas—, formas de inserción que suelen implicar menores niveles de formalización y acceso restringido a tierra, crédito e insumos, con potenciales efectos sobre la autonomía económica (ODEPA, 2024c).
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 18 A nivel regional, la mayor parte del trabajo agrícola en América Latina y el Caribe es realizado por trabajadores por cuenta propia o trabajadores familiares contribuyentes, modalidades caracterizadas por alta informalidad y vulnerabilidad socioeconómica. En esta situación de desigualdad, las mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres de trabajar como familiares contribuyentes, una forma de autoempleo que suele ser no remunerado, donde el poder de decisión y la protección social son limitadas. En la región, el 48 % de las mujeres agricultoras trabajan en esta modalidad, frente al 9 % de los hombres (FAO, 2025a). Esta realidad favorece la exclusión de mujeres rurales de los sistemas oficiales de extensión agraria y programas agrícolas, que suelen estar diseñados para agricultores que cuentan con contratos o reconocimiento formal. Además, en la agricultura y en el sistema agroalimentario en general, las mujeres tienen menor probabilidad de emplearse a tiempo completo, lo que les significa trabajos más irregulares y temporales. En Chile, el 82 % de las mujeres que trabajan en horticultura tienen contratos temporales, comparado con el 42% de los hombres, lo que reduce sus garantías laborales y acceso a beneficios sociales (FAO, 2025a). Esto “es problemático para las mujeres porque la formalidad garantiza vacaciones pagas y otros beneficios de seguridad social (salud, bonos, seguro de desempleo) y compensación por despidos arbitrarios” (CEPAL, 2023b:41). Así mismo, en cuanto al salario en los sistemas agroalimentarios, tanto en actividades agrícolas como en segmentos no agrícolas, las mujeres también enfrentan desventajas salariales ya que predominan en los rubros que generan menores ingresos, lo que incrementa la brecha de género salarial. Estudios en siete países de América Latina, incluyendo Chile, muestran que las mujeres recibieron remuneraciones menores en promedio que los hombres, incluso cuando ocupan la misma posición laboral (OIT, 2012 en FAO, 2025a:26). Asimismo, un análisis regional (FAO, 2025a) evidenció que, en promedio, las mujeres ganaron 82 centavos por cada dólar ganado por los hombres en el empleo asalariado agrícola y 84 centavos en empleos no agrícolas. Estas diferencias salariales se explican en su mayoría por efectos estructurales vinculados a la discriminación.
1. Brechas de género en el sector silvoagropecuario: Chile en contexto latinoamericano 19 Según datos de la FAO, en la región de América Latina y el Caribe la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o severa se sitúa en un 22,1% para hombres y 27,4% para mujeres, mientras que la prevalencia de inseguridad alimentaria severa afecta a un 6,9% de los hombres y a un 8,2% de las mujeres adultas, revelando una brecha de género con mayor impacto en la población femenina. Estos datos evidencian las desigualdades en acceso a una alimentación adecuada que persisten a nivel regional, lo que demanda un abordaje diferenciado desde las políticas públicas (FAO, IFAD, UNICEF, WFP y WHO, 2025). En Chile los hogares con jefatura femenina presentan niveles superiores de inseguridad alimentaria en comparación con los hogares con jefatura masculina. El análisis de los datos CASEN 2017-2022 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024) muestran que la prevalencia de inseguridad alimentaria general en hogares con jefatura femenina alcanzó el 21,9% en 2022, mientras en hogares con jefatura masculina fue de 16,2%, manteniéndose la brecha a lo largo del período 2017-2022. También, la inseguridad alimentaria severa promedio en hogares con jefatura femenina fue mayor respecto a la masculina (4,0% mujeres y 3,1% hombres en el año 2022). Según la CASEN 2024, la carencia en el acceso de alimentos o inseguridad alimentaria moderada es mayor en hogares con jefatura femenina, alcanzando un 16,2% en zonas rurales y 16,9% en zonas urbanas, y con valores de 12,5% promedio en hogares con jefatura masculina en ambas zonas. Esta evidencia muestra que la inseguridad alimentaria está estrechamente relacionada con la situación socioeconómica del hogar. Los hogares chilenos en situación de pobreza mostraron una prevalencia de inseguridad alimentaria que alcanzó el 41,3% en 2022, con una brecha creciente respecto a hogares no pobres (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024). Además, en hogares con jefatura femenina, la incidencia de inseguridad alimentaria es aún mayor, evidenciando la intersección entre género y condición de pobreza. Esto marca que las jefaturas femeninas enfrentan vulnerabilidades específicas, que impactan negativamente en su acceso y el de sus hogares a una alimentación adecuada y suficiente. Seguridad alimentaria nutricional y pobreza
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 20 La desigualdad en la participación en el empleo entre mujeres y hombres se relaciona con la elevada carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que asumen principalmente las mujeres, como la limpieza, la cocina, el cuidado de los miembros del hogar y la recolección de agua. Esta carga de trabajo condiciona que las mujeres opten en mayor medida por empleos a tiempo parcial, irregulares e informales, así como por emprendimientos en los sectores menos rentables de los sistemas agroalimentarios y agroforestales (FAO, 2025a; CEPAL, 2023b). Además, la doble carga del trabajo tanto productivo como doméstico y de cuidado de personas dependientes (CAPI, 2024), se relaciona con una menor productividad de las mujeres agricultoras respecto a los hombres, lo que también supone menores ingresos. Esta situación además refleja un patrón regional en América Latina y el Caribe en el que las mujeres destinan sistemáticamente más tiempo a estas labores comparativamente a los hombres (FAO, 2025a). Cuidados y corresponsabilidad
1. Brechas de género en el sector silvoagropecuario: Chile en contexto latinoamericano 21 En Chile, según los resultados de la II Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (INE, 2025)3, se observa que las mujeres dedican un mayor tiempo diario al trabajo no remunerado que los hombres, con una elevada tasa de participación femenina en estas tareas de 98,4% (INE, 2025). En promedio, las mujeres de Chile dedican 4 horas y 57 minutos diarios al trabajo no remunerado, en contraste con 2 horas y 52 minutos dedicadas por los hombres —esto es, en promedio 02 horas y 5 minutos de diferencia— (INE, 2025). La evidencia también revela que las mujeres enfrentan condiciones diferenciadas según su contexto socioeconómico y geográfico. En territorios rurales, la dispersión demográfica y la falta de infraestructura dificultan el acceso a redes de apoyo y servicios de cuidado, incrementando la sobrecarga de trabajo no remunerado para las mujeres. Esta situación se presenta acompañada por una menor corresponsabilidad social y familiar, así como por la persistencia de roles de género que asignan a las mujeres la carga principal de los cuidados no remunerados. Se releva la necesidad de generar instrumentos de medición del uso del tiempo que consideren las particularidades de los territorios rurales y de las mujeres que los habitan. En esa línea, la construcción y fortalecimiento de sistemas de cuidado con pertinencia territorial, que reconozcan y respeten las diversas realidades socioculturales y económicas del país, son fundamentales para avanzar hacia la redistribución justa del trabajo de cuidados y la promoción de la corresponsabilidad social en esta esfera (ONU Mujeres, 2024). 3 La ENUT corresponde a una medición con representatividad nacional y regional por sexo para las zonas urbanas del país, por lo que sus resultados no son directamente extrapolables a la población rural.
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 22 La revisión de la evidencia sectorial y comparada permite identificar un conjunto de nudos que configuran las brechas que enfrentan las mujeres rurales en el sector silvoagropecuario. • Desigual integración y autonomía económica, caracterizadas por menor acceso y control sobre tierra, agua, financiamiento, seguros y montos de fomento, concentración en unidades productivas de menor escala, mayor informalidad y persistencia de brechas de ingresos. Estas condiciones limitan su capacidad de inversión, acumulación y proyección productiva en los sistemas agroalimentarios. • Sostenibilidad productiva y resiliencia, considerando las restricciones para incorporar innovación y tecnología, y los desafíos asociados al cambio climático y a la adaptación de los territorios rurales. • Inseguridad alimentaria y vulnerabilidad socioeconómica, especialmente en hogares con jefatura femenina, donde se intersectan género, ruralidad y pobreza, afectando tanto los medios de vida como la seguridad alimentaria de los territorios. • Sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, que condiciona la participación económica, limita el acceso a formación y reduce el tiempo disponible para la gestión productiva y la participación en espacios de decisión.
1. Brechas de género en el sector silvoagropecuario: Chile en contexto latinoamericano 23 Estos elementos evidencian brechas interrelacionadas que se refuerzan mutuamente y que requieren respuestas coherentes desde la institucionalidad sectorial. Constituyen el fundamento técnico para la definición de los ejes de la Estrategia Sectorial para Mujeres Rurales en el Agro 2025–2035, orientando intervenciones que articulen sostenibilidad productiva, autonomía económica, corresponsabilidad en los cuidados y fortalecimiento institucional.
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 24 2 Marco político-institucional para la igualdad en el mundo rural
2. Marco político-institucional para la igualdad en el mundo rural 25 El Estado de Chile ha avanzado de manera sostenida, a lo largo de distintos gobiernos, en la incorporación de los enfoques de igualdad y equidad de género en la acción pública. Este proceso ha contribuido de forma significativa a mejorar el acceso de las mujeres a oportunidades, bienestar y participación política, así como a transformar los marcos jurídicos, los sistemas de gobernanza y la operación de las políticas, programas y proyectos del Estado. En este marco, el Ministerio de Agricultura ha impulsado un conjunto de acciones orientadas a reducir las brechas de género que afectan la participación, el acceso a oportunidades y la autonomía económica de mujeres y hombres en los territorios rurales. Estas acciones han buscado fortalecer la capacidad institucional del sector para diseñar e implementar políticas, programas e instrumentos más pertinentes, inclusivos y equitativos, incorporando de manera sistemática el enfoque de género tanto en su gestión interna como en su vinculación con las personas usuarias y beneficiarias de sus servicios. El desarrollo de políticas y estrategias sectoriales, la adecuación de la operación programática y la generación de evidencia especializada han contribuido a visibilizar las desigualdades existentes y a orientar decisiones públicas más efectivas, con impacto directo en las condiciones de vida de las mujeres en los distintos ámbitos del quehacer silvoagropecuario. El enfoque de género en la acción pública del Estado de Chile se enmarca en un conjunto de acuerdos y compromisos internacionales que orientan progresivamente la protección y promoción de los derechos de las mujeres, así como el desarrollo sostenible a nivel global y regional. Este marco internacional define las obligaciones del Estado y orienta la gestión del sector silvoagropecuario hacia la igualdad sustantiva. En el centro de estos compromisos se encuentra la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979). Considerada la “Carta Magna” de los derechos de las mujeres, la CEDAW establece en su Artículo 14 un mandato directo y específico para los Estados, de atender las condiciones especiales de las mujeres rurales y su papel en la familia, agricultura familiar y comunidades. Este es el único instrumento vinculante a Marco políticoinstitucional para la igualdad en el mundo rural Compromisos internacionales y agenda de desarrollo sostenible para las mujeres Pilares de los Derechos Humanos de las mujeres
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 26 nivel global que reconoce explícitamente las necesidades de las mujeres rurales, obligando al Estado a garantizar su participación en los planes de desarrollo, el acceso a créditos, la comercialización y el uso de tecnologías apropiadas. Este marco se complementa con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), que identifica a “la mujer y el medio ambiente” como una de sus áreas críticas. La Declaración de Beijing insta a los gobiernos a asegurar oportunidades equitativas en la agricultura y la pesca, eliminando los obstáculos estructurales que impiden a las mujeres acceder y controlar los recursos económico-productivos. Asimismo, ante la realidad del aislamiento geográfico que caracteriza a muchas zonas rurales, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar Toda Forma de Violencia Contra la Mujer —Convención de Belém do Pará (1994)— resulta fundamental. Este tratado interamericano insta al Estado a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, reconociendo que las brechas de acceso a servicios y la lejanía física no pueden ser impedimentos para el ejercicio de una vida libre de violencia en la ruralidad.
2. Marco político-institucional para la igualdad en el mundo rural 27 En el ámbito laboral son particularmente relevantes los Convenios de la OIT4, en la medida que protegen los derechos laborales de las y los trabajadores del agro, así como de las mujeres trabajadoras en general, y que la implementación de sus disposiciones es de carácter obligatorio para el Estado. Cabe destacar particularmente como relevantes para las mujeres rurales en el agro, el Convenio 011 sobre el derecho de asociación en agricultura (1921); el Convenio 012 sobre la indemnización por accidentes de trabajo en agricultura (1921); el Convenio 025 sobre el seguro de enfermedad en agricultura (1927); el Convenio 036 sobre el seguro de vejez en agricultura (1933); el Convenio 038 sobre el seguro de invalidez en agricultura (1933); el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración entre hombres y mujeres (1951); el Convenio 103 sobre protección de la maternidad (1952); el Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (156); el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989); el Convenio 189 sobre trabajo decente para los trabajadores domésticos (2011); y el Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (2019) (Cfr. OIT, 2026). A nivel regional, Chile participa activamente de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, el principal foro intergubernamental de las Naciones Unidas en la región, que ha trabajado de manera sistemática desde 1975. Los acuerdos de este foro se expresan actualmente en la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (CEPAL, 2017, 2023a; MMEG, 2023a). Agendas regionales y desarrollo sostenible 4 Los convenios señalados fueron ratificados por el Estado de Chile en los siguientes años, en que adquirieron el estatus de obligatorios: El C011 (1921) en 1925; el C012 (1921) en 1925; el C025 (1927) en 1931; el C036 (1936) en 1935; el C038 (1933) en 1935; el C100 (1951) en 1971; el C169 (1989) en 2008; y el C189 (2011) en 2023.
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 28 Estos instrumentos se vinculan con la adopción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU, 2015; MMEG, 2023a). Mientras que algunos ODS aluden de manera explícita a la igualdad de género y al ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas, otros incorporan dimensiones clave para el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, ámbito directamente relacionado con el quehacer del sector silvoagropecuario y las competencias de los servicios del Ministerio de Agricultura. La decisión del Estado de integrar la igualdad de género como un eje central de su gestión responde a un compromiso de largo aliento por asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Este avance es el resultado de una evolución en leyes y políticas, las cuales han demostrado que, cuando el Estado incorpora la realidad de las mujeres en su quehacer, mejora directamente la calidad de los servicios que entrega a toda la ciudadanía (Comité CEDAW, 2022; MMEG, 2023a). Este desafío también tiene una raíz profunda en la movilización social y política de las mujeres chilenas. Sus voces y participación en diversos espacios han hecho visibles las desigualdades y violencias que persisten en el país, transformando la agenda pública (Miranda y Henríquez, 2025). Por ello, el Estado no solo reconoce la igualdad de manera formal en el papel, sino que impulsa medidas concretas para lograr una transformación real y sustantiva en las condiciones de vida de las mujeres. En el marco de los esfuerzos sostenidos del Estado y en conformidad con los compromisos internacionales alcanzados, destacan hitos fundamentales en la evolución de la institucionalidad en el país. En 1991, la creación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), bajo la Ley N°19.023, marcó el inicio de una estructura formal encargada de diseñar y ejecutar los primeros programas y políticas públicas destinados a promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el país. Este proceso de fortalecimiento institucional alcanzó un nuevo nivel de jerarquía en 2015 con la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MMEG) (Ley N°20.820). Este hito no solo dotó al sector de mayores facultades, sino que reafirmó el compromiso del Estado de Chile con la igualdad sustantiva como un eje prioritario y permanente del desarrollo nacional. La institucionalidad de género en el país
2. Marco político-institucional para la igualdad en el mundo rural 29 Esta institucionalidad ha contado con una hoja de ruta clara asociada a los Planes Nacionales de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Este proceso comenzó con el primer Plan Nacional (1994-1999), seguido por un segundo periodo de profundización (2000-2010) y un tercero (2010-2020). Estos instrumentos permitieron encauzar las políticas de género bajo objetivos y metas compartidas por distintos gobiernos. Hoy, el Cuarto Plan Nacional de Igualdad 2018–2030 recoge este legado para dar sostenibilidad a la igualdad de oportunidades, asegurando que las políticas de género sean un componente permanente y robusto de la estructura del Estado, visibilizando de forma expresa a las mujeres rurales e incorporando sus realidades y brechas específicas en la acción pública (MMEG, 2023a). El Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres considera el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres rurales, explícitamente. La autonomía económica constituye una condición habilitante para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, en tanto contribuye al fortalecimiento de su autonomía
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 30 física y política. En el contexto rural, esta se expresa en la mejora del acceso y control de activos productivos (tierra, agua, tecnología, infraestructura, etc.) y de financiamiento (créditos, etc.), el aumento de ingresos y la consolidación de medios de vida sostenibles, así como en el fortalecimiento de su posición y reconocimiento en los ámbitos social, cultural, político y económico, configurándose como un pilar central para el ejercicio pleno de sus derechos (CEPAL, 2026; FAO, 2025a; RIMISP, 2015; Corporación Vamos Mujer, 2012). En complemento al Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018–2030, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entrega orientaciones estratégicas a los servicios del Estado a través de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres 2022–2026 y del Plan Nacional de Acción por Vidas Libres de Violencia de Género 2022–2030 (MMEG, 2025 y 2023b). Estos instrumentos reconocen que las brechas en autonomía económica, especialmente en contextos rurales, no solo limitan las trayectorias productivas de las mujeres, sino que también incrementan su exposición a situaciones de violencia y la reproducción de desigualdades estructurales. La dependencia financiera condiciona la capacidad de decisión femenina en los ámbitos familiar, social y político, dificultando el acceso efectivo a activos y la igualdad de condiciones laborales, entre otras (CEPAL, 2026; FAO, 2025a; Grupo Banco Mundial, 2024; Corporación Sisma Mujer, 2024 y 2012). En este marco, el Ministerio de Agricultura cumple un rol estratégico en la implementación sectorial de estos compromisos. Cuando las políticas, programas e instrumentos de fomento productivo silvoagropecuario incorporan de manera efectiva las realidades y trayectorias de las mujeres rurales, contribuyen al fortalecimiento de su autonomía económica, la construcción de igualdad sustantiva, y a la generación de condiciones más seguras, equitativas y sostenibles en los territorios rurales del país.
2. Marco político-institucional para la igualdad en el mundo rural 31 Sociedad civil organizada y representación política de las mujeres rurales e indígenas: la Mesa Nacional de la Mujer Rural e Indígena La conformación de la Mesa Nacional de la Mujer Rural constituye un hito relevante en la trayectoria organizacional, representación e incidencia política de las mujeres rurales en el país. Su origen formal se remonta a 1995, en un contexto marcado por la preparación de la participación de Chile en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995) y por la elaboración del primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (PIO 1994–1999), instrumentos que no incorporaban de manera explícita la realidad y las demandas de las mujeres rurales. Frente a esta exclusión, las mujeres rurales organizadas manifestaron su desacuerdo y exigieron ser consideradas como parte del debate nacional e internacional en materia de igualdad de género. A partir de un seminario impulsado por la FAO, se iniciaron instancias formales de diálogo entre estas organizaciones y el sector público, cuyo resultado fue la incorporación de la situación de las mujeres rurales en la posición oficial de Chile ante la Conferencia de Beijing, así como la participación de dirigentas rurales en la delegación nacional (FAO, 2022). Este proceso derivó, en 1995, en la creación de la Mesa Nacional de la Mujer Rural como un espacio institucionalizado de diálogo entre las mujeres rurales del agro organizadas y el Estado, coordinado inicialmente por el Servicio Nacional de la Mujer. Desde sus inicios, la Mesa tuvo un carácter propositivo y estratégico, expresado en dos productos fundacionales elaborados en 1996: un diagnóstico sobre la situación de las mujeres rurales en el sector silvoagropecuario y la Propuesta de Políticas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales, conocida como el “PIO Rural” (FAO, 2002). La incorporación de las mujeres rurales en los planes públicos de igualdad supuso el reconocimiento de su especificidad y de la necesidad de una institucionalidad estatal capaz de articularse de manera coherente y complementaria con la sociedad civil organizada (FAO, 2022). En este sentido, la creación de la Mesa Nacional de la Mujer Rural representó un reconocimiento explícito, por parte del Estado, de la relevancia política de la participación ciudadana de las mujeres rurales y de su rol en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas orientadas al sector silvoagropecuario.
Estrategia sectorial para mujeres rurales en el agro 2025-2035 32 Actualmente, este espacio continúa desempeñando un rol clave como instancia de representación política y de interlocución con el Estado, contribuyendo de manera sostenida a la construcción de agendas públicas orientadas a la igualdad, la equidad y el bienestar de las mujeres rurales en el agro. Hoy, bajo el nombre de Mesa Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. En el ámbito del sector silvoagropecuario, el Ministerio de Agricultura ha impulsado políticas y estrategias sectoriales que incorporan de manera progresiva la integración de las mujeres rurales en los procesos de desarrollo económico-productivo y territorial. Dicha integración ha sido considerando los temas planteados en diálogo con la Mesa Nacional y las Mesas Regionales de la Mujer Rural e Indígena, los gremios silvoagropecuarios, los COSOC de MINAGRI y de cada servicio, y otros actores relevantes, recogiendo las prioridades de la sociedad civil organizada como insumo para el diseño de las políticas del sector. Este esfuerzo se enmarca en los compromisos internacionales y nacionales asumidos por el Estado de Chile en materia de igualdad de género y desarrollo sostenible, y orienta la acción pública del sector hacia una gestión más pertinente y coherente para enfrentar las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres del sector silvoagropecuario. Entre las políticas y estrategias generales del sector silvoagropecuario relevantes de considerar, destacan la Política Nacional de Desarrollo Rural, aprobada en 2020 por decreto del Ministerio del Interior durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria (ENSSA), el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario (PACC-SAP) 2024-2028 y la Estrategia INDAP 2023-2030: Por una Agricultura Familiar Campesina e Indígena más Inclusiva, Sostenible y Resiliente. Éstas plantean lineamientos estratégicos y de actuación específicos para las mujeres que desarrollan sus medios de vida en el sector silvoagropecuario, y para todas aquellas que habitan y desarrollan su vida en los territorios rurales de Chile. Lineamientos estratégicos para las mujeres en el sector silvoagropecuario
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